Pidieron a la Procuración que intervenga en el intercambio de información con los Estados Unidos por el lavado de dinero de Muñoz, el ex secretario privado de Kirchner

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Las autoridades estadounidenses investigan las operaciones financieras que se hicieron en aquel país

Eduardo Casal está a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación y es el jefe de los fiscales nacionales. Debido al cargo que ocupa, el fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes le envió una resolución en la que le pidió que participe en el proceso judicial iniciado por autoridades judiciales de los Estados Unidos a partir de las operaciones de lavado de dinero que realizó en aquel país Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

El fiscal Carlos Stornelli, quien investiga a Muñoz y a sus testaferros por haber lavado dinero proveniente de los bolsos en los que se cobraron las coimas durante el kirchnerismo, solicitó la intervención del procurador General y Moldes, su superior, lo respaldó.

Para hacerlo, Stornelli describió lo hallado en una de las investigaciones derivadas del Caso Cuadernos y que ya está en camino al juicio oral y público. Se descubrió que Muñoz –fallecido en 2016– y sus testaferros, lavaron millones de dólares provenientes de la recaudación de coimas de las que el ex secretario de Kirchner fue partícipe. Se lavó dinero en los Estados Unidos y parte de esa fortuna terminó en Turks and Caicos.

Por eso Moldes, luego de que Stornelli firmara el requerimiento de elevación a juicio del caso, le envió un escrito a Casal para que se encargue de establecer la relación institucional con los países interesados en la investigación.

Cuando Stornelli le comunicó a Moldes que había que poner en conocimiento a Casal de la necesidad de interactuar con la justicia norteamericana a partir del lavado de dinero que se descubrió que había realizado Muñoz, resumió el estado de la causa judicial.

El fiscal señaló que «a través de innumerables diligencias de prueba realizadas en dichos autos se ha comprobado la existencia de una estructura jurídica societaria y bancaria armada en el país y en el exterior y empleada para convertir, transferir, administrar, vender, encubrir y poner en circulación en el mercado, fondos de procedencia ilícita provenientes de delitos cometidos en la República Argentina. Se trata de una ingente masa dineraria de 68.665.700 dólares y provienen de una larga serie de hechos delictivos cuya autoría material recayera en quien fuera secretario de Néstor Carlos Kirchner mientras ejercía la primera magistratura de la República. Nos referimos al fallecido Héctor Daniel Muñoz y sus cómplices. Precisamente de la prueba reunida en autos se ha concluido que la jefatura de la asociación ilícita investigada en la causa 9608/2018 y sus conexas fue ejercida por Cristina Elisabet Fernández y en tal condición se la encuadra al requerir la elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral y público».

Turnberry Ocean en Miami, una de las propiedades compradas por Muñoz (foto de archivo)

Turnberry Ocean en Miami, una de las propiedades compradas por Muñoz (foto de archivo)

Stornelli agregó: «El consorcio criminal funcionó a pleno al menos desde el año 2010 y su principal objetivo, como se dijo más arriba, consistió en integrar dinero de proveniencia delictiva al circuito económico formal dándole apariencia de legalidad mediante diversas maniobras celebradas tanto en el país como en el extranjero. Esto último resultó indispensable para el progreso de un delito extendido en el tiempo ya que buena parte del dinero malhabido se destinó a la adquisición de inmuebles en el exterior, entre los que se encuentran 14 propiedades ubicadas en la ciudad de Miami y New York y encubiertas a nombre de una docena de personas jurídicas que, a tal efecto, fueron especialmente creadas. La finalidad de tan compleja maniobra no era otra que el blanqueo de dinero de origen ilícito y, al mismo tiempo, dificultar que la justicia pudiera rastrear el curso y el recorrido de sus fondos o actuara en consonancia con el vigente régimen de extinción de dominio».

Finalmente, el fiscal concluyó: «Es decir que la culminación de todo el proceso que constituyó el historial criminal de la asociación ilícita, la transformación de la mayor parte de los beneficios de su accionar ilegal, la tentativa de poner en condiciones de ser utilizado impunemente y de manera efectiva todo ese dinero de origen espurio, no sólo se produjo en nuestro país, que fue donde el grueso de los delitos se cometiera, sino en otros países, especialmente en Estados Unidos, ya que fue allí donde se invirtieron en la adquisición de costosos y muebles los recursos obtenidos a través del accionar sostenido del Consorcio criminal para darles apariencia legítima y borrar todo rastro de su fuente originaria».

El fiscal Carlos Stornelli

El fiscal Carlos Stornelli

Es por ello que el Stornelli y Moldes solicitaron que sea Casal quien formalice el contacto con los Estados Unidos. Para ello, citaron como antecedentes dos resoluciones de la Procuración firmadas en 2002 y 2012 que señalan cómo debe ser el mecanismo de colaboración internacional en casos penales como el del lavado de Muñoz y sus asociados.

Autoridades judiciales de los Estados Unidos ya comenzaron a interesarse por el caso debido a que la mayor parte del dinero se lavó en ese país. Hubo varios contactos de fiscales estadounidense con el juez Claudio Bonadio. Incluso, se envió un exhorto desde Estados Unidos a la Argentina en el que solicitaron interrogar a varios de los imputados en el capítulo Muñoz del Caso Cuadernos. El juez aún no tomó ninguna decisión al respecto.

Infobae.com

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