Francia: sindicatos llaman a intensificar acciones contra plan laboral

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(PL) Sindicatos franceses llamaron hoy a continuar e intensificar la movilización contra el proyecto de reforma laboral desde el 24 de marzo, día en que está prevista su presentación en el Consejo de Ministros.

La jornada de movilización del 17 de marzo por iniciativa de las organizaciones juveniles fue un éxito, escribieron en un comunicado.

También llamaron a realizar huelgas y manifestaciones el 31 de marzo en todo el país para oponerse al proyecto impulsado por el gobierno.

Veintitrés personas fueron detenidas ayer durante las manifestaciones contra el mencionado plan. Más de 150 mil, según los convocantes de las protestas, y 69 mil, acorde con las autoridades, se movilizaron en las calles para demandar su retirada definitiva.

No puede haber ninguna negociación sobre la base de un proyecto que no aspira más que a provocar más precariedad a los trabajadores, subrayaron en un llamamiento divulgado.

Más de 90 acciones de protestas se registraron en todo el país como parte de las varias manifestaciones planificadas este mes que persiguen el mismo objetivo.

En la capital gala ocurrieron ayer enfrentamientos entre movilizados y miembros fuerzas del orden, que usaron gases lacrimógenos.

Tres manifestantes fueron detenidos y dos policías resultaron ligeramente heridos, según fuentes policiales.

El gobierno presentó el 14 de marzo una nueva versión del proyecto la cual elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por «un baremo indicativo» que servirá de referencia.

También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiere despedir a trabajadores. El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.

Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro Manuel Valls.

Tras la presentación, los dos principales gremios del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirar el proyecto.

En tal sentido, argumentaron que el texto conserva la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.

Por su parte, los sindicatos llamados reformistas opinaron que «los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido».

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